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El fenómeno de la inmigración en España ha venido transformado profundamente, desde finales del siglo xx, los perfiles de la sociedad española. Sin embargo, a pesar del notable incremento de la población de origen extranjero, la vigente ley de extranjería (LO 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración social) no ha sabido responde al candente enigma de la inmigración, puesto que no fomenta la integración de inmigrantes sino, más bien, la desigualdad social, la precariedad y el abuso.
En materia de protección social la cuestión se vuelve aún más complicada, pues todavía late esa diferenciación entre ciudadanos de primera y segunda clase debido a una cuestión de regularidad y/o irregularidad administrativa. A pesar de estas propuestas internacionales y de los avances experimentados en esta materia, en España el extranjero se mantiene aún en una situación de desprotección y vulnerabilidad social.